Impugnamos actos de la administración ante la Sala Tercera de la Corte Suprema: demandas de plena jurisdicción y de nulidad, vía gubernativa, suspensión provisional e indemnizaciones contra el Estado.
El proceso contencioso-administrativo permite impugnar actos del Estado ante la Sala Tercera de la CSJ bajo la Ley 135 de 1943 y sus reformas: multas y sanciones de reguladores, resoluciones de la DGI, actos de ministerios y municipios, adjudicaciones y rescisiones de contratos públicos.
La vía gubernativa — los recursos ante la propia entidad — suele ser el paso previo obligatorio, y es también donde la mayoría de los casos se gana o se pierde: el expediente que se construye ahí es el que la Sala leerá después. Representamos a nuestros clientes en ambas etapas.
Conocimiento interno de la administración tributaria panameña.
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“El Estado no es invencible ante los tribunales. La clave está en la solidez técnica del recurso y en la oportunidad procesal de la acción.”
— Lic. José Manuel Góndola Escudero · Idoneidad No. 17,005| Herramienta | Para qué sirve | Dónde se presenta |
|---|---|---|
| Recurso de reconsideración | Que la propia autoridad revise su acto | Ante la entidad que lo emitió |
| Recurso de apelación | Que el superior jerárquico revise el acto | Ante el superior de la entidad |
| Demanda de plena jurisdicción | Anular el acto, restablecer su derecho e indemnizar | Sala Tercera de la CSJ |
| Demanda de nulidad | Expulsar un acto ilegal del ordenamiento | Sala Tercera de la CSJ |
| Suspensión provisional | Detener los efectos del acto mientras se decide | Sala Tercera de la CSJ |
| Indemnización contra el Estado | Reparar daños causados por la administración | Sala Tercera de la CSJ |
La elección de la vía y el momento procesal son decisiones estratégicas: los plazos para demandar son fatales y varían según el tipo de acción. Ver también la guía de la vía gubernativa.
Impugnación con solicitud de nulidad, restablecimiento del derecho e indemnización.
Nulidad del acto administrativo ilegal, en defensa de la legalidad objetiva.
Reconsideración y apelación ante la entidad, construidas pensando en la demanda posterior.
Solicitud de suspensión provisional del acto mientras se resuelve el fondo.
Reclamación de daños y perjuicios por actos u omisiones de la administración.
ASEP, ACODECO, DGI, municipios, aduanas y demás entidades sancionadoras.
Revisamos el acto, los vicios y los plazos — el reloj procesal manda.
Agotamos los recursos obligatorios con el expediente puesto al servicio de la demanda.
Redactamos y presentamos la demanda con la suspensión provisional cuando procede.
Traslados, pruebas, alegatos y seguimiento hasta el fallo y su cumplimiento.
Impugnación de resolución sancionatoria con solicitud de suspensión cautelar ante la Sala Tercera.
Defensa en vía gubernativa y demanda contencioso-administrativa coordinada con la estrategia fiscal.
Reclamación de indemnización por daños causados por actos de la administración.
Es la demanda con la que se impugna un acto de la administración pública ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, bajo el marco de la Ley 135 de 1943 y sus reformas, que organizan la jurisdicción contencioso-administrativa en Panamá.
La demanda de plena jurisdicción busca anular el acto, restablecer el derecho del afectado y, cuando procede, la indemnización; la interpone quien resultó directamente lesionado. La de nulidad busca expulsar del ordenamiento un acto ilegal en defensa de la legalidad, sin reclamación patrimonial.
Son los recursos ante la propia entidad (reconsideración y apelación, según el caso) que deben agotarse antes de demandar, cuando la ley los exige. Presentarlos bien y a tiempo importa: ahí se construye el expediente con el que después se demanda.
El silencio administrativo tiene efectos legales: llegado cierto punto, la falta de respuesta permite tener por agotada la vía y abrir la puerta de la demanda. Evaluamos en cada caso cuándo se configura y cómo documentarlo.
Sí, la suspensión provisional del acto puede solicitarse a la Sala Tercera. Es una decisión discrecional del tribunal que depende de la apariencia de ilegalidad y del perjuicio: la solicitud debe entrar bien sustentada.
Los plazos dependen del tipo de demanda y del acto: son fatales y se cuentan desde la notificación o el agotamiento de la vía gubernativa. Si recibió una resolución adversa, consúltenos de inmediato — el plazo corre aunque usted siga negociando con la entidad.
Consulta inicial confidencial. Los plazos para recurrir y demandar son fatales: revisamos su acto y le decimos qué vía procede y hasta cuándo. Honorarios cotizados por escrito.