Defendemos empresas ante multas y liquidaciones adicionales por precios de transferencia en Panamá. Conocemos el proceso desde adentro.
Los precios de transferencia en Panamá exigen documentar todas las operaciones con partes vinculadas conforme al Decreto Ejecutivo 390. La DGI fiscaliza activamente el Formulario 930.
Nuestro abogado fundador fue funcionario de la DGI con especialización directa en precios de transferencia. Conocemos los criterios de fiscalización, los argumentos que funcionan — una ventaja única.
Conocimiento interno de la administración tributaria panameña.
Master en Administración Pública — derecho, economía y política.
Sin delegación indiscriminada. Usted siempre habla con el experto.
Abogado idóneo en la República de Panamá.
"Haber trabajado en la DGI me enseñó exactamente cómo piensan los fiscalizadores en PT. Eso cambia completamente la estrategia de defensa."
— Lic. José Manuel Góndola Escudero · Idoneidad No. 17,005Redacción y presentación del recurso de reconsideración ante la DGI por omisión o error en el Formulario 930.
Argumentación técnica contra ajustes de PT que resulten en liquidaciones de ISLR adicional.
Preparación del estudio de PT con análisis funcional, de riesgos y benchmarking de comparables.
Benchmark económico de transacciones vinculadas usando bases de datos de comparables panameños e internacionales.
Recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo Tributario con argumentación técnica completa.
Asesoría en Advance Pricing Agreements (APAs) para protección prospectiva.
Revisión inmediata del acto administrativo, plazos de recurso y argumentos disponibles.
Diseño de la estrategia: recurso administrativo, argumentación técnica y documentación de soporte.
Redacción y presentación del recurso ante la DGI o el TAT dentro del plazo legal.
Gestión del expediente, audiencias y negociación hasta la resolución final.
Empresa omitió el Formulario 930 por desconocimiento — recurso exitoso con reducción de multa.
DGI rechazó método de PT — defensa técnica con estudio de comparables ante el TAT.
Empresa presentó F-930 sin documentación completa — regularización con estudio retroactivo.
Las empresas que realicen operaciones con partes vinculadas que superen B/.3 millones en el período fiscal.
La DGI puede imponer multas automáticas y puede presumir los precios y emitir una liquidación adicional de ISLR.
Generalmente 30 días hábiles desde la notificación del acto administrativo para presentar el recurso de reconsideración.
Los métodos reconocidos internacionalmente (OCDE) son aceptados: precio comparable no controlado, precio de reventa, costo adicionado, entre otros.
Sí. Los casos técnicamente sólidos, con documentación contemporánea adecuada y argumentación económica, tienen buenas perspectivas.
Consulta inicial urgente y confidencial. Revisamos su caso y evaluamos las opciones de defensa.